LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
A. CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO.
1. Causas económicas:
La economía española, contrariamente a lo que los españoles de la época pensaban, traumatizados por la derrota de 1898, se benefició de la pérdida de las últimas colonias americanas. La pérdida de las colonias no supuso la pérdida de un mercado importante y en cambio sí produjo el fin de una sangría humana y financiera por las guerras de Cuba y, además, el retorno de muchos empresarios españoles que habían hecho fortuna en Cuba, que significó la introducción en España de un gran capital (dos mil millones de pesetas-oro), que saneó la balanza de pagos y se reinvirtió en el país, además de la calidad del capital humano que supusieron esos empresarios, acostumbrados a técnicas de gestión y financiación de tipo norteamericano. A los grandes bancos de Bilbao, Vizcaya, y Santander se añadieron el Hispanoamericano (1900) y Banesto (Banco Español de Crédito, 1902). Durante la primera década del siglo la Hacienda española, después de un siglo de déficit crónico, logró superávit sin recurrir a expropiaciones, basándose sólo en los recursos fiscales. Desgraciadamente, a partir de 1909 la Guerra de Marruecos devolverá a la Hacienda a la situación de endeudamiento. Por otra parte, el resultado de la política económica española de 1900 a 1913 fue positivo, con una media de un índice de crecimiento de la renta nacional de un 1 ‘5% (reducido a 1% en la renta per cápita, dado el enorme crecimiento de la población en la época). No es mucho, pero es un crecimiento sostenido medio punto por encima de la media decimonónica.
En 1914, el estallido de la I Guerra Mundial supuso cierto desconcierto, pero una vez manifestada públicamente la neutralidad las cosas se calmaron y las empresas se prepararon para exportar. A pesar del mantenimiento de los aranceles proteccionistas, en el año 1915 la demanda extranjera se hizo notar con fuerza y la situación duró hasta 1918: la producción creció, procurando enormes beneficios a los empresarios, pero también los precios subieron, ya que la demanda era mayor que la oferta. Puesto que los gobiernos liberales se negaron a favorecer el incremento de los salarios y el sindicalismo socialista era todavía débi1, mientras que el anarquista era incapaz de negociar con la patronal, los salarios no subieron, produciéndose pues una pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera con el desfase precios-salarios. El resultado desde el punto de vista económico sería que la demanda interna no sólo no creció en un período de crecimiento económico singular sino que disminuyó, desperdiciando así la oportunidad de consolidación de una clase obrera capaz de consumir. Al final de la guerra los capitales acumulados permitieron la creación de dos nuevos grandes bancos, el Urquijo (1918) y el Central (1919), que junto a los anteriormente mencionados constituyeron los siete grandes bancos españoles.
Sin embargo, cuando los países beligerantes firmaron la paz comenzaron de inmediato a recuperar su tejido productivo y pusieron en práctica políticas proteccionistas como la que España venía llevando a cabo desde el siglo XIX (que se reafirmaría con el arancel Cambó de 1922, que aumentó todavía más las tarifas aduaneras). Las empresas españolas, acostumbradas a un elevado nivel de producción durante la guerra, se encontraron con una disminución tremenda de la demanda, produciéndose así, además de un período de deflación (caída de los precios), una crisis de superproducción (sobran productos que no encuentran compradores) especialmente grave al no haberse elevado en los años la demanda interna mediante la mejora de los salarios. El resultado fue la quiebra de muchas empresas, el despido de miles de trabajadores y la reducción de la producción
2. Causas sociales, políticas e ideológicas.
Plenamente relacionadas con las causas económicas, se encuentran el problema obrero, el descontento del ejército y la guerra de Marruecos, fenómenos todos ellos en los que se mezclan los político, lo social y lo ideológico.
Paradójicamente, el primer cuarto del siglo XX es el período en que se promulgan leyes sociales más rompedoras. En 1900, el ministro conservador Eduardo Dato, miembro de la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883, promulgaría la primera ley social: la Ley que regulaba el trabajo de mujeres y niños. La medida fundamental para controlar la edad de los niños y las condiciones de trabajo de las mujeres fue la creación de Juntas locales — presididas por el alcalde y compuestas por un párroco e igual número de obreros y empresarios- que inspeccionarían a las empresas. Sin embargo, el proyecto de Ley de accidentes de trabajo planteado también por Dato en 1900 no se aprobó hasta 1922. Cuando Alfonso XII accedió al trono, el Congreso estaba discutiendo el proyecto de ley del ministro liberal José Canalejas sobre la creación de un Instituto de Reformas Sociales creado en 1903 bajo la presidencia del republicano Gurmesindo Azcárate, que lo dirigiría hasta su muerte en 1917. Uno de sus colaboradores más importantes fue Largo Caballero, importante líder del PSOE y la UGT. También participaron el liberal José Canalejas y el conservador Eduardo Dato. La primera medida del Instituto de Reformas Sociales fue la Ley de Descanso Dominical (1904), que fue muy discutida y poco respetada por muchos empresarios, teniendo que intervenir los recién creados inspectores del Instituto para implantar la medida. En 1908 se promulgaron la Ley de Conciliación y Arbitraje Industrial y la Ley de Tribunales Industriales, por las cuales el Instituto mediaba entre obreros y patronos cuando ambas partes aceptaban su arbitraje. Ese mismo año se mejoró la Ley que regulaba el trabajo de niños y mujeres prohibiendo el trabajo en una larga lista de industrias de los varones menores de dieciséis años y mujeres que no hubieran alcanzado la mayoría de edad. Además en 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión, dirigido por Eduardo Dato hasta que fue nombrado presidente del gobierno en 1917, organismo predecesor de la Seguridad Social, que comenzó a abordar la cuestión de los seguros de accidente, enfermedad, viudedad y orfandad. Sin embargo, las reformas no eran suficiente, ya que los salarios seguían siendo bajos, la jornada larga y la jubilación inexistente.
Por otra parte, los burgueses no hacían el servicio militar porque el sistema de quintas permitía que lo eludieran mediante el pago en metálico de un soldado de cuota. Este tema no fue problemático mientras la política exterior española fue pacífica. Y así lo fue durante una década, tras el desastre del 98. Pero el 9 de julio de 1909 un grupo de rifeños armados atacaron a trece obreros de una compañía minera española, que construían un puente para el ferrocarril sobre el Wadi Sidi Musa, cerca de Melilla. Murieron cuatro obreros. Era la excusa para comenzar a intervenir en Marruecos. Desde la Conferencia de Algeciras (1906) empresas como Altos Hornos de Vizcaya, bancos corno el Hipotecario y políticos como el liberal Conde de Romanones, se habían decidido a explotar los recursos mineros del Atlas. La Conferencia de Algeciras proclamaba el Libre Comercio de todos los puertos marroquíes (aunque el sultán tenía el poder de establecer aranceles), bajo el control de la policía alauita, pero bajo supervisión de españoles y franceses, según el reparto territorial de 1904. El general Marina envió un cuerpo expedicionario en busca de los asesinos de los obreros españoles y provocó una rebelión en todo el Rif. El 11 de julio, Maura y su ministro de la Guerra, el general Linares, ordenaron la movilización de todos los reservistas, cualquiera que fuera su reemplazo. La medida era torpe porque reclutaba a obreros casados con hijos que mantener, en lugar de recurrir a las tropas especializadas creadas por el general Fernando Primo de Rivera o a las quintas recientemente licenciadas. Periódicos de derechas como La Correspondencia de España avisaron del riesgo revolucionario que tenía tal medida. Los marroquíes. entretanto, derrotaron al ejército español en el Barranco del Lobo. Las bajas alcanzaban ya más de mil hombres. Las noticias llegaron a España y el 24 de julio estalló el motín de Barcelona, que duraría hasta el día 31: la Semana Trágica. Hay que tener en cuenta que al problema obrero en Cataluña se unía el problema nacionalista. Si el movimiento obrero se oponía en general al colonialismo (Lenin había escrito poco antes El imperialismo, fase superior del capitalismo), el catalanismo tampoco veía con buenos ojos el expansionismo español. Por otra parte, el anarquismo seguía siendo fuerte en Barcelona y mantenía a principios de siglo su línea violenta (tres intentos de asesinato del Rey Alfonso XIII), a lo que hay que añadir que Alejandro Lerroux, que fundó en 1908 el Partido Republicano Radical, alentó a las masas anticlericales a atentar contra la Iglesia. Durante la Semana Trágica ardieron más de cincuenta conventos e iglesias. La represión no se hizo tardar. Las tropas del ejército y de la Guardia Civil acabaron con la protesta y fueron encarcelados más de dos mil manifestantes. Se organizó una campaña de represión bajo el lema “Delatad”. El 17 de agosto se fusilaron a los primeros acusados. El 9 de octubre se celebró un consejo de guerra extraordinario contra el director de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer, de ideología anarquista. No había pruebas contra él. Se trataba tan sólo de un chivo expiatorio, una advertencia al anarquismo. En toda Europa se organizaron manifestaciones pidiendo el indulto. Maura no cedió y el día 13 se ejecutaba la sentencia de muerte. Los gritos contra Maura se extendieron por toda España. El día 21 Alfonso XIII escuchando el “ ¡Maura no!” de los periódicos españoles destituyó al Presidente y nombró en su lugar al líder liberal Moret, que poco después cedía el cargo a su correligionario Canalejas, que en principio cesó las hostilidades en Marruecos.
Pero cuando los franceses se lanzaron a ocupar militarmente Marruecos en 1911, tras el asesinato de un ciudadano francés, Canalejas se vio obligado a lanzar una ofensiva en Larache y Alcazarquivir para establecer la frontera con Francia. La Guerra de Marruecos había comenzado. Una de las principales medidas de Canalejas sería la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército (1912), que suprimía la posibilidad de comprar la exención por parte de la burguesía y establecía el servicio militar obligatorio con muy pocas excepciones. Sin embargo, el fundador del Instituto de Reformas Sociales sólo pudo sacar adelante tres leyes sociales menores, también en 1912: la Ley de la Silla que obligaba a los empresarios a proporcionar asiento a mujeres trabajadoras en tiendas y almacenes; y una nueva Ley de Tribunales Industriales y la Ley de Casas Baratas y su Reglamento (1912), que facilitaban la adquisición de viviendas para los obreros a precios subvencionados. Su proyecto de reducción de la jornada laboral tuvo que esperar hasta 1919 y sólo consiguió reducir la jornada de los mineros. El uso de las fuerzas del orden para reprimir las huelgas anarquistas lo puso en el punto de mira de los terroristas, que lo asesinaron en 1912 mientras miraba la vitrina de una librería.
Los gobiernos que siguieron a Canalejas no modificaron la legislación social, sino que atrasaron algunas de sus medidas, como la reducción de la jornada laboral. La inflación producida por el desarrollo industrial durante la I Guerra Mundial incrementó el malestar de los obreros, que vieron su oportunidad cuando en 1917 los militares peninsulares descontentos con el ascenso de los africanistas organizaron las Juntas de Defensa que provocaron la dimisión del Presidente García Prieto el 11 de junio, sustituido por Eduardo Dato. La Lliga catalanista quiso aprovechar la situación y el 5 de julio convocó a los militares de las Juntas y a parlamentarios republicanos y socialistas a una Asamblea en Barcelona con objeto de plantear la necesidad de una nueva constitución democrática. La Asamblea se reunió el 19 de julio, pero los militares rehusaron asistir. La guardia civil cerró la Asamblea, pero la UGT y la CNT (fundada en 1911 como alternativa anarcosindicalista al terrorismo anarquista) llegaron a un acuerdo para convocar una huelga general, que tuvo lugar en agosto. El ejército y los partidos catalanistas apoyaron la represión de la huelga y fueron detenidos líderes socialistas como Largo Caballero y Julián Besteiro, junto a muchos anarquistas.
Entretanto, en noviembre de 1917 (octubre según el calendario ruso), Lenin llegaba al poder e implantaba la dictadura comunista creando la Unión Soviética y en 1919 creaba la III Internacional (Komintern). En España, las Juventudes Socialistas, en su V Congreso, solicitaron el ingreso del partido en la III Internacional y, ante la falta de respuesta, un grupo de las Juventudes Socialistas se separó del PSOE creando el 15 de abril de 1920 en la Casa del Pueblo de Madrid el Partido Comunista Español. El partido envió a Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano a Rusia para que elaborara un informe. La mayoría del PSOE votó en su III Congreso Extraordinario el 13 de abril de 1921 la propuesta de Fernando de los Ríos de permanecer en la II Internacional. Dos días después Anguiano y un grupo de viejos socialistas fundaba el PCOE, que se fusionaría con el grupo de los jóvenes comunistas en noviembre de 1921 creando el Partido Comunista de España, miembro de la Komintern.
Durante los años 1918-1920, denominados “Trienio Bolchevique” por el republicano Juan Díaz del Moral, la conflictividad aumentó: en Sevilla y Córdoba se produjeron constantes movilizaciones de los trabajadores del campo, en Barcelona la CNT logró crear en 1918 los sindicatos únicos y rebasó en 1919 el número de 700.000 afiliados. La huelga de La Canadiense en febrero-marzo de 1919 supuso la paralización de Barcelona, sin luz y sin agua, e incluso estableció un control de la prensa denominado “censura roja”. En Madrid se produjeron una serie de huelgas muy conflictivas en 1919 y 1920. Como reacción, el gobierno de Eduardo Dato aceptó finalmente promulgar la Jornada de 8 horas en septiembre de 1919 y creó en 1920 el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, el terrorismo se extendía por toda Barcelona, donde los capitanes generales Milans del Bosch y Martínez Anido reprimían con fuerza a los anarquistas y donde la patronal se apoyaba en los pistoleros de los Sindicats Lliures, fundados en 1919 por carlistas catalanes. Entre 1918 y 1923 murieron asesinadas 300 personas en la ciudad condal. Eduardo Dato promulgó el 20 de enero de 1921 la Ley de Fugas, que permitiría disparar por la espalda a posibles terroristas y produciría grandes excesos por parte del ejército y la guardia civil. El 8 de marzo de ese mismo año tres anarquistas asesinaban al presidente conservador en la Puerta de Alcalá de 20 disparos. En 1923 eran asesinados el líder anarquista Salvador Seguí y el cardenal Soldevilla.
Por otra parte, el gobierno decretó la supresión de las Juntas de Defensa en 1922, produciendo un sentimiento generalizado de indignación en el esamento militar. El 18 de abril de ese mismo año el Expediente Picasso calificó de negligente al Alto Comisario de Marruecos, el general Berenguer, por sus responsabilidades en el Desastre de Annual (22 de julio de 1921) que había ocasionado 13.363 muertos en las filas españolas. En agosto de 1923 se llamó a declarar a las Cortes al general Berenguer, pero no acudió. Los rumores apuntaban directamente al rey como responsable máximo, porque presionó al general Silvestre para que se adentrara temerariamente en territorio hostil. El 1 de octubre de 1923 debía reunirse una sesión especial de las Cortes para dictaminar sobre las responsabilidades del Desastre de Annual, pero el 13 de septiembre el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado proclamando la necesidad de regenerar España. El Expediente Picasso desapareció. El 15 de septiembre de 1923 el rey Alfonso XIII, que había cambiado de gobierno 32 veces en sus primeros 21 años de reinado, proclamó Presidente a Miguel Primo de Rivera, que ejercería la dictadura durante los siguientes siete años.
B. POLÍTICA ECONÓMICA DE LA DICTADURA.
Durante los años veinte España, como el resto del mundo, experimentó un considerable crecimiento económico: la industria creció a un ritmo anual del 6% (siendo además la industria de bienes de equipo y la de bienes de consumo —las que antes eran más débiles- las que más crecieron); la agricultura creció modestamente a un 0’3% anual; la población activa agraria bajó ligeramente del 50% del total por primera vez en la Historia de España. Se acortaron distancias con Italia, Alemania e Inglaterra.
Las causas de este éxito fueron múltiples, algunas atribuibles a la política gubernamental, otras a la coyuntura internacional:
• Los felices veinte fueron años de crecimiento generalizado en Europa y América, sobre todo gracias al tirón de la locomotora estadounidense. España se benefició del comercio
exterior con Estados Unidos y otros países que estaban experimentando un gran desarrollo, y además recibió importantes inversiones norteamericanas y europeas.
• La dura política represora del régimen con los anarquistas y los comunistas combinada con la colaboración del PSOE y la UGT en la Organización Corporativa Nacional supuso el
fin de las huelgas y el pistolerismo, todo lo cual incidió positivamente en la productividad y la invesión.
• La política de obras públicas supuso el fin de la política liberal decimonónica de no intervención del Estado en la economía. Primo de Rivera coincidía así tanto con fascistas
como con socialistas en la necesidad de endeudar al Estado para reactivar la economía. La construcción de carreteras, vías férreas, obras hidráulicas (creación de las Confederaciones
Hidrográficas para fomentar el regadío y las centrales hidroeléctricas) y viviendas obreras (subvencionadas por el Ministerio de Trabajo) benefició a múltiples empresas auxiliares que
subcontrataban con el Estado y a miles de obreros que trabajaron en ella. Los beneficiados a su vez incrementaron su consumo, beneficiando así a otros sectores. Esta política es el precedente del
New Deal que adoptarían los estadounidenses tras la Gran Depresión y sistematizaría Keynes como teoría económica.
• La política de monopolios tampoco era ortodoxa con los principios liberales, ya que suponía la inexistencia de competencia y por tanto de innovación tecnológica. Pero en el
caso de grandes sectores como la telefonía o el petróleo, la ausencia de empresas capaces de abordar las inversiones necesarias para crear una gran red de cables telefónicos o infraestructuras
portuarias y oleoductos era un motivo más que suficiente para sacrificar la competencia y otorgar a una sola empresa el monopolio del producto, garantizándole así los beneficios y estimulándola
de este modo para que invirtiera gran cantidad de capital en las infraestructuras necesarias. Los dos grandes monopolios fueron Teléfonica, de capital estadounidense (la ITT), y CAMPSA (Compañía
de Administración del Monopolio del Petróleo, Sociedad Anónima), constituida con capital estatal y privado nacional.
Las anteriores medidas ejercieron una influencia sin duda positiva en la economía, pero también hubo medidas negativas:
• El proteccionismo ultranacionalista (Decreto-Ley sobre auxilios a las industrias de 1924) era el más alto del mundo, según datos de la Sociedad de Naciones. Para la mayoría de
los historiadores de la economía fue negativo, ya que, restando competencia a la actividad económica, se mermaban también las posibilidades de mejora tecnológica y de gestión empresarial. Aunque
es cierto que el proteccionismo fue la tónica general en la Europa del período de entreguerras, también lo es que España carecía de mercados coloniales importantes, una desventaja que sólo con el
librecambismo se hubiera paliado.
• Los monopolios perjudicaron a los ciudadanos, que tuvieron que pagar los teléfonos y la gasolina a precios superiores que si hubiese libre competencia.
• La política fiscal del régimen fue nula, por miedo a las críticas de las clases superiores, con lo cual las enormes deudas creadas con la política de obras públicas no se
pagaron, sino que se atrasaron con la emisión de bonos de deuda pública.
• La política monetaria de los años 27-29 fue bastante estúpida y produjo una crisis innecesaria al vincular la Dictadura su propio prestigio al sostenimiento ficticio del valor
de cambio internacional de la peseta mediante la compra de pesetas por parte del propio gobierno, que se deshizo así de sus reservas de oro y divisas extranjeras en un momento expansivo (1927),
de modo que no pudo recurrir a ellas en un momento crítico (1929). El propio dictador atribuyó a este error en sus memorias la caída de su gobierno.
En conclusión, pudo aprovecharse mejor la coyuntura internacional positiva de los años veinte. Desgraciadamente, la herencia económica que dejó la Dictadura a la Segunda República no fue la
idónea para hacer frente a la Gran Depresión que se expandía desde EEUU a Europa, dado el elevado endeudamiento del Estado y la depreciación de la peseta.
C. EL DIRECTORIO MILITAR
D. EL DIRECTORIO CIVIL